Ley de Sociedades en Convivencia

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la semana pasada la Ley de Sociedades en Convivencia (LSC), un importante paso para el reconocimiento jurídico de la unión entre personas de diferente o del mismo sexo que hayan decidido establecer un hogar común. Esta Ley atiende realidades sociales que el Estado no contempla, y seguirá sin contemplar, pues es de esperarse que el resto de los congresos locales se pronuncien contra esta legislación.

El tema en México es muy espinoso, ayer por la noche en una aparición televisiva costeada por la Iglesia el Cardenal de Guadalajara Sandoval Iñiguez recordó al público –no sólo a su feligresía- que el matrimonio era una institución respetada y que toda ley que atentara contra la integridad de la familia es inmoral.

¿Inmoral? La definición que ofrece la RAE de “moral” establece que es aquello “perteneciente a las acciones de las personas desde el punto de vista de la bondad o malicia” y “que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o al respeto humano”. Me parece que actúa con malicia quien niega los derechos de otros, quien busca imponer opiniones “de fuero interno” en el campo de la jurisprudencia esgrimiendo argumentos teológicos o bíblicos.
Más allá de la discusión y la polémica, la LSC es un elemento que pone a la Ciudad de México como un referente de tolerancia.

Incluyo a continuación un textito redactado el año pasado, cuando el Congreso español aprobó la reforma del Código Civil para permitir que las personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio:

¿Entiendes?

"El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo", así reza hoy el artículo 44 del Código Civil español reformado en recientes días. Canadá también ha legalizado el matrimonio homosexual, Holanda lo hizo en 2001 y Bélgica en 2003. Cuatro países que reconocen este derecho a parejas del mismo sexo, otros siete países entre ellos Alemania, Francia y Portugal reconocen su unión civil.

Sustituir “mujer” o “marido” por “cónyuge” es garantizar a las parejas gays los mismos derechos de las parejas heterosexuales y la igualdad jurídica entre los contrayentes, cual fuera su sexo. ¿Quién podría hacer uso de tal derecho?, de acuerdo a nuevos estudios cerca del 3% de la población es exclusivamente homosexual, y un 4-6% ha tenido experiencias homosexuales en algún momento de su vida. Los porcentajes en este rubro son delicados pero al menos ayudan a calcular la cantidad que representa esa minoría. Los números poco importan en realidad, lo que interesa a estos cuatro países es dejar de lado la discriminación jurídica vinculada a la orientación sexual. ¿Seríamos más sensibles al tema si aplicáramos el porcentaje a nuestro propio Congreso? imaginemos que 15 de los 500 diputados que hay en la Cámara son homosexuales y 25 han tenido una experiencia homosexual. Esas son las estadísticas, pero en México ninguna ley aboga por el derecho al matrimonio de esos hipotéticos 15 diputados. Tal vez nos falta un gobernador que abandere con verdadero compromiso la lucha por la igualdad, como hacen los alcaldes de Berlín y de París, ambos homosexuales declarados y activistas.

“Una historia sociocultural de la homosexualidad” de Xabier Lizarraga reseña la historia de discriminación e intolerancia vivida por los homosexuales en México, devela la censura que los ha marcado persistentemente. Avalan el trabajo de Lizarraga sus conocimientos en etnología y antropología, así como su ya conocida apuesta por la reivindicación de la otredad, lo diferente. Si aprendemos a leer la historia de nuestra homofobia como la historia de la negación de derechos básicos, es posible que reduzcamos las brunas cifras presentadas por el IFE (encuesta sobre tolerancia 2001): 66% de los mexicanos no aceptaría nunca compartir el mismo techo con un homosexual; y por el Instituto Mexicano de la Juventud (encuesta nacional de la Juventud 2000): 71% de los jóvenes no apoyaría los derechos de los homosexuales. Esos números sí importan.